Universidad del pacifico

Facultad de Bellas Artes y Humanidades

Sociología: Electiva. Asignatura Seminario V, Sociología del Derecho

Por: Sheij Munir  Valencia Potes      Cód.  20000381

Profesor: Abogado Alberto David Artiaga Giménez

ENSAYO:

ESTUDIO SOBRE LA LEY 30 DE 1992 Y SU REFORMA

“Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior y su aceptación de la reforma la vuelve vulnerable”

¡LEY 30 DEL 92 VERSUS RADICACIÓN DE REFORMA DE LA LEY 30 DEL 2010!

Este ensayo es con el fin de mostrar estos dos “contrincante”  uno al servicio de la defensa de la educación superior beneficiando al pueblo de pocos recursos económicos (ley 30 de Dic. 92) y el otro restringiendo como abogado acusador del pueblo oprimido a favor de las arcas del Estado (propuesta de reforma a la ley 30 del 2010).

La pondremos estas dos leyes en el cuadrilátero y daremos nuestro propio veredicto ¿Quién es el merecedor de “vencer” y quien de “morir”?. Es una batalla que todos los Colombianos debemos enterarnos y ser a su vez participe de su “triunfo o muerte”, en especial los estudiantes de la sociología del derecho que vemos en la Universidad del Pacifico.

10 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA LEY 30  1992:

·         La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral.

·         La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

·         despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país.

·         Cumple como objetivo trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país.

·         Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.

·          Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades.

·         Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.

·         Los campos de acción de la Educación Superior, son: El de la técnica, el de la ciencia el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía.

·         El Consejo Superior Universitario reglamentará los casos en que se pueda eximir del título a las personas que de muestren haber realizado aportes significativos en el campo de la técnica, el arte o las humanidades.

·         Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en forma permanente.

FORTALEZA Y DEBILIDAD DE LA REFORMA DE LA LEY 30 DEL 2010

·         Parce un proyecto de ley sin contexto.

·         Frente a una cobertura que apenas alcanza el 37 por ciento y que no puede negar la Educación Superior a los cerca de 350.000 nuevos bachilleres que cada año culminan la secundaria y que no tienen más interesante que hacer que sentarse en el parque de la esquina a ver pasar el tiempo.

·         La educación Superior es cada vez más costosa, sobre todo si quiere ser de calidad mundial. Hoy, la docencia universitaria de calidad exige también investigación de calidad, profesores con título de doctor, importantes inversiones en tecnología y recursos suficientes inversiones en tecnología y recursos suficientes para que emprendimiento y el dominio científico y profesional de una segunda lengua sean algo más que menos deseos.

·         Cuenta con la izquierda de los años  60 y 70

·         Cuenta también con la ideología neoliberal que confía en el mercado con fervorosa devoción.

·         Poca inversión del Estado en recursos en educación.

·         Un sector privado exigido en esta demanda de responsabilidad social

·         Tiene como ejemplo a seguir a chile, más cercano al modelo norteamericano, es un país exitoso que el Estado menos la vierte en educación; le traslada responsablemente  la financiación de las universidades al sector privado, y tienen éxitos notables.

PUNTOS NEGATIVOS Y NOCIVOS DE LA PROPUESTA DE LA REFORMA:

·         una sociedad civil desangrada y sin ánimo de corresponder a su demanda, malos ejemplos a seguir de sus vecinos como Brasil muy cercano a la tradición Europea, que muestra un crecimiento equilibrado entre cobertura y calidad impulsado con fuertes dosis de recursos públicos. Sus mejores universidades en docencia y en investigación son casi todas públicas, y allá es claro que el Estado, más que los gobiernos de turno, se la juega invirtiendo en la formación profesional y en la investigación.

·         Un país 100% con constitución democrática no puede ver a la pontificia Universidad católica de Chile como un modelo a seguir. En última instancia, es un elemento constitutivo del gran pacto social y objeto de con censos sociales y políticos.

·         La ley no resuelve el problema estructural de financiamiento de la educación superior, por lo que no se encuentra articulado al aumento de cobertura y de calidad.

·         El incremento de la transferencia en términos reales, no está asociado al ritmo de crecimiento de los gastos de las instituciones de educación superior (IES).

·         .El criterio de asignación de recursos adicionales está sujeto al desempeño de la economía a través de la tasa de crecimiento del PIB real; desconociendo que la estructura económica del país se caracteriza por su alta inestabilidad y volatilidad en generación del ingreso agregado y que la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía Colombiana nunca ha superado el 5% en promedio.

Por consiguiente, se condicionan los recursos adicionales para la investigación y la formación docente y aumento de cobertura en la medida que debe ser concertado con el Ministerio de Educación art (107), el crecimiento de la cobertura se fundamenta en el financiamiento de la demanda, lo cual es absurdo.

La reforma introduce un modelo de gestión comercial de la gestión universitaria, donde se promueve la participación del capital privado y de las IES internacionales en el sistema de educación superior, lo cual vuelve al sector frágil. Por lo que existes un riesgo que la introducción de esta IES privadas con ánimo de lucro, afecte la calidad de la educación. Debido a que se puede generar un escenario de competencia desleal entre estas y las universidades públicas y las IES sin ánimo de lucro.

Por lo anterior, se considera que el incremento de las trasferencias no debe ser determinado por el comportamiento IPC como lo establece la reforma; ya que debe existir una nueva metodología que contempla otros indicadores estadísticos que determinen los incrementos; como por ejemplo el IPC de la canasta educativa.

La reforma no tiene en cuenta mecanismos de asignación de recursos para las universidades que atiendan las disparidades económicas y sociales, y los rezagos en materia educativa entre las regiones y entre el tamaño y la complejidad de las IES, especialmente las públicas. Por lo que tanto se explicitan los costos adicionales que representa la acreditación para las IES.

UN ENFOQUE SOCIOLOGICO SOBRE LA PROPUESTA DE LA REFORMA DE LA LEY DE LA EDUCACION SUPERIOR (LEY 30 -92)

Los futuros sociólogos de la universidad del pacifico no podemos estar ajenos a los debates que se han generado en todas las universidades del país, por la propuesta  de reforma de la ley 30/92 que pretende legitimar el gobierno de santos al socializarla con el sector de educación superior Colombiano; se han manifestado distintos actores de la sociedad en contra de la mercantilización de la educación superior que allí se presente legitimar.

La propuesta de reforma de la Ley de educación superior (Ley 30 de 1992) que presentó el presidente Juan Manuel Santos hace unos días dejó a los rectores de universidades públicas y privadas, además de sorprendidos, con un sinsabor y una nube de preguntas. 
 
Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley.

El aumento de la cobertura ha sido una de las grandes deficiencias del sector. Aunque el número de estudiantes en las universidades pasó de 1’040.000, en el 2002, a 1’750.000, en el 2009, en el país hay 3’200.000 jóvenes que no acceden a la educación superior. Además, cada año 600.000 nuevos bachilleres salen a demandar formación profesional.

Este problema, que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al Gobierno a incluir dentro de la reforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas.

La propuesta no cayó muy bien entre las universidades públicas y privadas. Los rectores, que lamentan no haber sido consultados, analizan al detalle, y con reserva, los 164 artículos de la iniciativa del Gobierno. Planean llevar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma estatutaria que condense su posición en el tema. 

 No obstante, José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), destaca varios puntos de la propuesta que considera positivos en temas como la internacionalización y los créditos educativos.
 
“Es un avance significativo el reconocimiento del Gobierno de que no es posible que un estudiante pueda pagar la totalidad de un crédito sin un subsidio”, afirma Isaza.
 
De todas maneras, son más las inquietudes que deja la propuesta, en especial en los temas financiero y de autonomía universitaria, que sin duda serán dos de los más debatidos en los espacios que el Ministerio de Educación tiene abiertos para recibir los aportes de quienes estén interesados en debatir la propuesta antes de ser radicada en el Congreso.
 
EL PROBLEMA ES DE RECURSOS
 
Desde hace varios años las universidades públicas le han exigido al Gobierno el reconocimiento y el reembolso del dinero que en los últimos 13 años invirtieron para aumentar la cobertura. El gobierno anterior había tenido en cuenta esa solicitud, que fue incluida en un proyecto de ley que reformaba algunos artículos de la Ley 30.
 
Sin embargo, para sorpresa de los rectores, en el proyecto de reforma al sistema que el Gobierno presentó en días pasados no fue incluido.
 
“En los últimos 13 años nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor. En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman.

En la propuesta, el Gobierno plantea otorgar a las públicas un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el  2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no será suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen, además del compromiso de aumentar, cada vez más, su matrícula.

“Hace diez años, el costo per cápita por cada estudiante de la Universidad de los Andes y la Nacional era el mismo. Hoy, el costo por cada estudiante de la Nacional es la tercera parte del de un alumno de los Andes”, recalca Wasserman, quien considera que las adiciones que plantea el Gobierno son “paliativos insuficientes”, dadas las responsabilidades económicas que deben asumir las universidades.

“Hay exigencias surgidas de nuevas leyes que han regulado el salario de los profesores de acuerdo con su productividad académica, han aumentado los costos de la seguridad social de todos los empleados y han modificado sustancialmente las exigencias estructurales para las instalaciones docentes. Así mismo, el sistema de mejoramiento de la calidad ha requerido de más y mejores laboratorios, bibliotecas, lugares de estudio y ámbitos para el bienestar”, agrega el rector de la Nacional.

DINERO PRIVADO EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

En la presentación de la propuesta, el presidente Juan Manuel Santos aclaró que “los recursos públicos son limitados”, y ante esa realidad, propone que la empresa privada ponga su grano de arena, incluso en la universidad pública para “el apoyo de la prestación y el mejoramiento del servicio educativo, y el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos productivos”, según lo contempla la norma.

Para el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, el ingreso de dinero del sector privado para investigación no es una novedad. “Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”, dice.

Lo que sí genera inquietudes en los rectores es cómo y con qué fin ingresaría el dinero de la empresa privada “para el mejoramiento del servicio educativo”, como lo plantea el proyecto.

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aclara que no se trata de recursos para “comprar pupitres o tableros”, sino para fortalecer la investigación en las universidades. La idea es que la empresa “ponga la plata, que vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante. Con esas utilidades se podrá seguir invirtiendo en educación”, explica Campo.

“Hoy -agrega la Ministra- un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos ir más allá; que el empresario no sólo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con la ayuda de las universidades”.

Aunque ninguno de los rectores ha hablado del tema en público, Semana.com conoció que uno de los temores que genera esta propuesta es la propiedad intelectual. ¿Qué pasará con el nuevo conocimiento que generen las universidades, pero con el capital de las empresas?

UNIVERSIDADES CON ÁNIMO DE LUCRO

Este es otro de los puntos que generan inquietudes. Para los rectores, la creación de esta nueva figura puede poner en peligro la calidad de la educación superior.

De aprobarse esta propuesta, según la ministra de Educación, las empresas podrían invertir recursos en las universidades, asociarse con alguna institución de educación superior o crear una propia. En todas estas, el lucro sería una de las características que no se ve hoy en las universidades: ninguna es creada con estos fines y sus ganancias deben ser reinvertidas en la institución.

Países como Brasil le apostaron a esta estrategia con excelentes resultados: “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente Santos.

Para los rectores, más allá de las cifras, existe el riesgo del detrimento de la calidad y resaltan que parte del éxito de esta estrategia en Brasil se debe a que el país también aumentó significativamente la inversión en las universidades públicas, que, en últimas, son las que generan conocimiento y tienen más posibilidad de estar en el ranking de las mejores universidades. “Una institución con ánimo de lucro nunca estará en estas listas”, asegura Wasserman.
 

“En el mundo globalizado y teniendo en cuenta el rápido avance tecnológico, que hace que el conocimiento se vuelva obsoleto rápidamente, se debe buscar una educación superior para la adaptabilidad”.

Nuestra conclusión sobre la disputa de ley 30 y la reforma de la ley 30 podemos entender que el más grande perdedor si se acepta la propuesta de la reforma es el pueblo Colombiano, que no tiene para pagar el bachillerato,  mucho menos para costear una educación superior. El vencedor más temprano que tarde es rotundamente el Estado Colombiano.

La alternativa es que al pueblo se capacite y hagamos de la ley 30 del 92 una verdadera revolución educativa para que se reconozca nuestros derechos.

¡DIOS NO CAMBIA LA SITUACIÓN DE UN PUEBLO SI ESTE NO CAMBIA SU FORMA DE PENSAR!